sábado, 12 de septiembre de 2009

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por Adoldo Pérez Esquivel

viernes 4 de septiembre de 2009
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por Adoldo Pérez Esquivel
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) ¿Qué defendemos? ¿la libertad de prensa, o la de empresa?

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.

Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.

Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.

La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.

Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos

Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.

Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.

La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.

La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.

Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?

¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.

El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.

Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.

El próximo años el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"

La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural.

Buenos Aires, 3 de septiembre del 2009
SERPAJ, Secretaria Nobel
(Agencia Paco Urondo)

CARTA ABIERTA PERGAMINO / COMUNICACIÓN I

Acerca del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Quienes integramos el espacio Carta Abierta Pergamino queremos expresarnos públicamente en apoyo al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el Ejecutivo Nacional.

El proyecto de ley que se está debatiendo es imprescindible para la vida democrática de nuestra Argentina. Afirmamos que el actual marco regulatorio se halla viciado en su legitimidad de origen al ser producto de la última dictadura militar, constituyéndose su sustitución una de las tantas deudas de nuestra democracia. Una deuda no menor teniendo en cuenta el lugar fundamental que ocupan los medios de comunicación en las sociedades ya que éstos son centrales en la configuración de la agenda y la opinión pública y en las posibilidades de acceso a la información y comunicación de las diversas expresiones sociales de comunidades democráticas.

El actual Decreto-Ley de Radiodifusión encuentra sus bases ideológico-político-normativas en la doctrina de la Seguridad Nacional y sus bases económicas, en el neoliberalismo salvaje, bases que la dotan de finalidades y objetivos específicos. Esto implica posibilitar el control y la censura de determinados discursos comunicacionales, admitir la concentración de poder en monopolios mediáticos y reducir la comunicación sólo a una actividad con fines de lucro.

Por el contrario, el proyecto de ley actualmente debatido posee entre sus aspectos esenciales:

- desde el punto de vista ideológico-político-normativo, busca garantizar la pluralidad y diversidad de expresiones y contenidos, así como su calidad y la responsabilidad por su emisión, basándose en los Tratados de Derechos Humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y teniendo como eje básico el derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión. En esta línea, también persigue la democratización del acceso a la prestación de servicios audiovisuales al incluir a entidades sin fines de lucro (estatales, universidades, ONG´s, fundaciones, cooperativas, etc.).

- desde el punto de vista económico, incorpora medidas para impedir la concentración y monopolización de la prestación de servicios de comunicación audiovisual estableciendo, entre otras, restricciones a la titularidad de licencias de servicios abiertos y pagos, a las cuotas del mercado, y regulaciones a los derechos de exhibición. Para su redacción se han considerado las prácticas positivas que en esta materia poseen otros países, tales como EE.UU, Canadá y otros miembros de la Comunidad Europea.

Contempla asimismo otras cuestiones de vital importancia como la protección de las producciones y el empleo nacional como así también las emisiones con contenidos locales y regionales; el fomento a la introducción de contenidos educativos e infantiles; la consideración a la igualdad de género; la promoción del acceso a las nuevas tecnologías y la alfabetización tecnológica, y el acceso a la programación a personas con discapacidad. Incorpora, contrariamente al anacronismo presente en el Decreto-Ley vigente, el avance en las tecnologías de la información y la comunicación, ampliando el objeto de la regulación a todos los servicios de comunicación audiovisual más allá del soporte técnico utilizado.

Otro punto a destacar es la incorporación de mecanismos de participación de la sociedad civil en el seguimiento y aplicación de la regulación (como Audiencias Públicas y el Consejo Multisectorial y Participativo). Más aún, el proceso mismo de su formulación incluyó instancias de debate y consulta públicos y abiertos a todos los sectores de la comunidad. A su vez, contiene la participación parlamentaria en la autoridad de aplicación de la norma, en la elección de autoridades vinculadas a su ejecución y en la evaluación de su funcionamiento, incorporando a las minorías legislativas.

El articulado de esta propuesta fue considerado de avanzada por el Relator de Libertad de Expresión de la ONU, quien en su visita reciente a nuestro país a fin de evaluarla expresó que se trata de un modelo no sólo para Latinoamérica sino a nivel mundial. Curiosamente esta opinión calificada en la materia tuvo poco eco en los medios de comunicación nacionales. También el proyecto ha generado el apoyo de numerosos artistas, intelectuales, escritores, periodistas, políticos, entre otros sectores, muchos de los cuales provienen de sectores no vinculados al actual gobierno.

El rechazo a la recuperación y el fortalecimiento del Estado, en éste y otros asuntos centrales (como la redistribución de la renta), y la afectación directa del poder y los intereses económicos que implica el actual negocio de los medios de comunicación está, a nuestro entender, arraigado en la base de la oposición insidiosa, tendenciosa y caprichosa que se expone en los medios directamente afectados por esta iniciativa. Creemos que como ciudadanos no podemos permanecer ajenos a una disputa donde ciertos actores, tras el manto de una supuesta independencia y neutralidad informativa, pretenden imponer sus intereses privados al conjunto de la sociedad sostenidos por las apetencias políticas de una oposición de dudosa calidad democrática.

Eugenia Ball Lima

Juan Dalby

Claudia Argento

Jorge Sharry

Carmen Rolandelli

Maria Luisa Mazzola

Fabián Del Core

Susana Pagani

Karina Gorordo

Marta Epelbaum

Eugenia Ball Lima

Taty Comité

Alejandro Giménez

Mª Cecilia Lovizio

Ricardo Argento

Lucas Cova

Matías Villavicencio

Virginia Jater

Luis Giamé

Lisandro Magallanes

Guillermo Colautti

Laura Debernardi

Christian Lamesa

Cristina Rosolio Espacio Carta Abierta Venado Tuerto

Abel Pistritto Espacio Carta Abierta Venado Tuerto

Adolfo Reynoso¨

Álvaro Reynoso

Ariel Reynoso

Marcelo Saltal

Néstor Pobliti

Miguel Castells

Fabricio Sceglio

Carlos Bonet

María José Sharry

Gustavo Mina

Carlos Barbarito

Patricia Raimundini

Carina Friguglietti

Nelson Agostini

Ferrea Alicia

Miguel Dorelo-

Yaryura Romina:-

Poracchia Anibal-

Araneo María

Isa Oscar

Courtial Julio

Catelani Oscar

Sunde Rafael

Rivarossa Miguel

Cairat Gabriel

Crespi Fernando

Crespi Santiago

Aguirre Maximiliano

Bruschi Ramiro

Crespi Julieta

Jater jorge

Lopez Nolberto (Agrupación Jubilados peronistas)

Terzaghi Juan

Bocanegra Juan Manuel

lunes, 7 de septiembre de 2009

INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA - 21 PUNTOS



1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

Nota de presentación

Los abajo firmantes formamos parte del Grupo Promotor Carta Abierta Pergamino. Provenimos de diferentes sectores de la cultura, la educación y la militancia política pero nos convoca a todos el mismo deseo, el de conformar un espacio de participación personal, en el cuál pensar, reflexionar, debatir y finalmente redactar y publicar comunicados en referencia a los temas más relevantes de la agenda política local, nacional e internacional.
Nos identificamos y adherimos a los conceptos vertidos por Carta Abierta a nivel nacional, por lo que mantenemos el carácter pluralista, popular, progresista y emancipador que caracteriza a dicha organización. Tal cual como ellos lo han marcado, nuestro principal objetivo es defender las instituciones democráticas ante cualquier posible amenaza. Nuestro método de trabajo se organizará por medio de asambleas abiertas, a las cuales podrán asistir todos aquellos que mantengan permanencia en los encuentros y avalen los comunicados y las actividades con su firma personal.
En estos primeros momentos de conformación, nos mantenemos permanentemente en contacto con representantes del espacio nacional, quienes nos van asesorando, al mismo tiempo que respetando nuestros propios criterios y métodos dentro del marco general que los define.
En pocos días más publicaremos una convocatoria amplia a la comunidad de Pergamino, con lugar y hora a convenir, evento al cual muy probablemente asistirán intelectuales representativos del espacio nacional de Carta Abierta.
Por último este grupo sostiene con absoluta convicción que éstos son tiempos donde la participación y la organización popular se hacen indispensables, los mensajes de “tintes” golpistas se han vuelto hoy casi moneda corriente desde los medios de comunicación y dentro de la sociedad en general. Son hechos que para un pueblo con memoria no deben pasar desapercibidos. Por eso creemos que ésta es una oportunidad muy valiosa para apropiarnos de un espacio donde seamos capaces de proponer un debate con contenido ideológico y político, ése, que tanto escasea en los últimos tiempos. Oportunidad inmejorable además ya que podremos comprometernos aún más con la publicación de las conclusiones obtenidas democráticamente dentro del espacio, con una periodicidad que será convenida en encuentros posteriores de acuerdo a las necesidades y a los acontecimientos que requieran de ellas.

Fabian Del Core, Susana Pagani, Claudia Argento, Eugenia Ball Lima, Marta Epelbaum, Karina Gorordo, Taty Comitte, Carmen Rolandelli, María Luisa Mazzola, Jorge Sharry (Grupo promotor)

domingo, 6 de septiembre de 2009

Principio

Carta Abierta Nacional Nº 6

En la esquina de Defensa e Independencia

No somos mujeres y hombres del escándalo, nuestras conciencias no son saltimbanquis de la alarma. Al contrario: los hechos graves como el de la pobreza de amplios sectores de la población nos atañen. La pobreza atañe al fondo último de nuestros compromisos, la idea de igualdad, nuestras antiguas y recientes militancias. Nos compete, nos atraviesa. Por eso podemos decir: no nos escandaliza. El escándalo es gesto espectacular y ademán avieso. El rostro de los pobres se vuelve superficie de inscripción de llamados evangélicos, sacralidades disponibles, obsceno plano televisivo y objeto de malversación política. Nos atañen tanto las vidas dañadas por la miseria como su circulación en un imaginario que las despoja de creación, potencia y libertad.

Un presidente que desguazó las anteriores tramas sociales pudo decir “pobres habrá siempre” mientras creaba las condiciones para un inédito hundimiento de los salarios y los empleos. La conmoción del 2001 hizo visibles a contingentes de desocupados que habían encontrado en su exclusión el ímpetu para un descubrimiento de sus propias facultades organizativas y políticas. El gobierno iniciado en 2003 pensó al trabajo como una vía de recuperación de la dignidad para los desposeídos. Expansión del empleo y paritarias fueron las llaves precisas y, a la vez, el horizonte deseado. Detenido el ciclo, en la tormenta del mundo, la pobreza se hizo tópico de lo irresuelto. También, núcleo rutilante de una confrontación que es necesario deshojar.

En una iglesia de Liniers, en los palacios vaticanos, en los palcos ruralistas y en los grandes medios se agitan hilos que provienen del mismo ovillo. Ovillo que es idea: es posible aunar la mayor riqueza –dada por la propiedad privada de ciertos recursos- con la asistencia caritativa a los más pobres. Campo y Cáritas. Soja y comedor popular. Para que ese enlace sea fructífero y económico debe prescindir de lo que es visto como poder coercitivo y expoliador: el Estado. Y también del enlace de la cuestión de la pobreza con los temas de la justicia y la igualdad. Pobres habrá siempre, para atenderlos está Cáritas. La limosna es la vía celeste para unos y la sobrevivencia menoscabada para otros. Contra ella es necesario volver a situar la defensa de lo público, el engarce de la cuestión social con otros modos de la justicia y la apuesta no a la victimización de lo popular sino a su recreación política.

¿La justicia pendiente del presente no está ligada a la justicia respecto de un pasado criminal? ¿No está la deuda social impaga vinculada a una renovada reflexión sobre las condiciones de una redistribución del ingreso que afecte no sólo a los trabajadores en blanco? ¿Es posible encarar medidas imprescindibles, como un plan orientado a la resolución de las necesidades alimentarias de la población, que tenga alcance nacional y solidez nutricional, sin herramientas impositivas y recaudatorias? Sin retenciones hay limosna. Con retenciones: debate público y politización.

Decir eso suena a mala palabra: ¡quiénes son los extraviados que en el contexto de un ataque masivo a la política reclaman mayor politización! Nosotros: en la intersección, ya lo decimos, de Defensa e Independencia. En otras esquinas priman otros tonos: la indignación y la sospecha. El hombre típico de Corrientes y Esmeralda es hoy alguien que sospecha. Alguien que ve, tras los discursos y los valores de la política, una razón oscura que sería su verdadero sentido. Una razón material, crematística, que funcionaría como hilo explicativo de toda conducta pública. ¡Quién les paga!, es el grito de guerra en una Argentina con una larga devastación de las conductas políticas. Contemporáneo a ese sentimiento está el de la indignación, el ademán del usuario enojado, del ciudadano reclamante, del movilero agitado en persecuciones varias, del periodista de piso que frunce el ceño. ¡Hasta cuándo!, resuena como eco. Entre la sospecha y la indignación se sumerge la vida política del país. Quizás el ejemplo más claro de esto es la mutación de la condición del lector en gritón de los diarios digitales: ya no es el que acude a un encuentro con lo desconocido -que le exige no poca disposición amorosa para comprender- sino el que lee como excusa para el rezongo o la suspicacia insidiosa. Es el rumor mismo, la pasión arraigada en los subsuelos de los modos de vida que agrieta los cimientos mismos de lo público. Alimentados por una larga historia de desalientos y exacciones. Recreados como fábula moral en las usinas mediáticas. La nueva derecha vive en esos relatos y hace de ellos santo y seña.

Hoy esos ríos profundos de la vida contemporánea minan las bases de la gobernabilidad. Lo hacen ahora con el gobierno nacional. Lo harán luego contra otras representaciones. Lo que en su momento llamamos destituyente es eso: una articulación y un impulso, una organización de sentimientos difusos para dirigirlos, sin pausa y sin errancia, contra un objetivo determinado. Por eso los jefes de ese movimiento no son hombres de la política, aunque ellos pretendan usufructuar sus resultados inmediatos. En el fondo se intuyen las futuras víctimas si no logran pactar con ese sordo rumor. Nadie es creíble, nadie está firme. Parecen a salvo aquellos que se escudan en el reconocimiento directo de las razones mercantiles: los que declaman sus historias empresarias, los que piensan la política como un momento más de la expansión de los negocios. Bajo sospecha quedan aquellos que intentan recurrir a los discursos ideológicos o a las tradiciones políticas. Los que confiesan se convierten en testigos protegidos del juicio al entero sistema partidario.

¿Puede reconstituirse lo público en un tembladeral animado por esas fuerzas sentimentales y anímicas? ¿Puede reconstituirse lo público amenazado por la sensibilidad del miedo, la sospecha y la indignación? ¿Qué política podrá sustraerse de esa atmósfera en la que se reclama el reino desembozado de los intereses privados, porque finalmente serían los únicos sinceros?

Una elección parlamentaria ha transcurrido hace algunas semanas. Los resultados fueron adversos para el proyecto que desde estas cartas acompañamos. En cierto sentido, las advertencias que recorrían los escritos anteriores fueron confirmadas: crecieron electoralmente los adalides de la restauración conservadora, fueron ungidos los que debaten en sus gabinetes cerrados si apurar el paso hasta la caída o dejar llegar las cosas –el gobierno exánime- hasta el 2011. El triunfo de Unión Pro en la provincia de Buenos Aires, con un candidato que exhibe como méritos una caudalosa fortuna y destrezas televisivas, pone en evidencia la articulación política de los rasgos profundos de la época: el llamado a la desnuda presencia de las razones mercantiles como latir vital de la actividad pública y la mediatización de la política, convertida en mero apéndice de ficciones publicitarias que toman inspiraciones épicas –en una época que sin embargo pretenden disciplinada por las grandes fuerzas corporativas económicas- y se basan en idealizaciones de la vida popular –cuando estamos en un tiempo en que lo popular resiste dificultosamente la segmentación brutal de las experiencias colectivas-. Esos rasgos no los inventó la derecha. A lo sumo, sus políticos y publicistas son los que más descarnadamente, sin culpa y sin velos, los incorporan y expanden y por ello pueden recibir los mejores dividendos. Los que se mueven como peces en el agua en la sociedad del espectáculo.

La elección de junio hizo visible la debilidad en la construcción de otra escena para la política. De una escena en la que las fuerzas provengan de la militancia popular y no de las mediciones de rating, en la que los candidatos y funcionarios se elijan menos por la opinión pública y más por sus compromisos persistentes, en la que los diálogos tengan menos de representación de roles que de apertura a problemas, en la que el voto se dirima por la defensa de las condiciones reales de vida y no por la presión de los conjurados mediáticos. ¿No serían éstos menos eficaces en su monserga destituyente si estuvieran menos impagas las deudas sociales? Al gobierno lo atacan los jefes agromediáticos por sus aciertos y no por sus errores. Pero en las urnas perdió también por sus traspiés, sus titubeos, sus debilidades. En manos de un electorado que parece más tomado por el desánimo o la apatía que por el entusiasta abrazo a las consignas de derecha.

La restauración conservadora está en curso y en ella se unifican poderes corporativos –el empresariado nucleado en AEA, la airada mesa de enlace, el bloque mediático y algunos políticos-. Sin embargo no puede pavonearse de legitimidad por el resultado electoral. Porque no está mellada la capacidad gubernamental y porque en los cuartos oscuros también fueron ungidas representaciones parlamentarias que arrojan a la escena problemas necesarios de ser tratados en pos de una sociedad más equitativa y justa.

Si el proceso abierto en el 2003 estuviera cerrado, si sólo quedase la organización de una retirada ordenada, el gesto de la crítica sería intento de autoexclusión de la derrota. Una precaria salvación. Por el contrario, si hay que mencionar errores es en función de otra hipótesis: la de que hay un núcleo de valores fundamentales de este proceso que es necesario no sólo defender sino expandir en los próximos dos años. Y que se defienden y se expanden si hay capacidad de reinventar a la vez políticas de gobierno y de impulso de las autónomas voluntades militantes. Si hay capacidad de pensar como interlocutores no a las corporaciones con sus poderes de veto y sus agitadas amenazas sino a los argentinos de a pie: a esos que tienen el poder de su reunión, su fuerza y su voluntad.

Las urnas hablaron, pero su mensaje no tiene por qué ser aquel que los personeros de la destitución creen escuchar. Al contrario, muchos leyeron en ellas el llamado a un activismo renovado, capaz de procurar ámbitos de encuentro, creación de ideas en común, imaginativas defensas de lo público. En algunos lugares el nombre de Carta abierta bautizó esas experiencias que cavan el presente no sólo para atrincherarse en la prioritaria defensa de un gobierno legítimo sino también para encontrar los destellos de una política renacida. En muchas ciudades los hombres se reúnen en Defensa e Independencia. Quizás porque esa esquina siempre esté en el núcleo más íntimo de nuestras búsquedas.

No venimos aquí, al púlpito de la esquina, a presentar la cartilla para la reconstrucción de una militancia popular. Por el contrario: venimos a decir que estamos perplejos y asombrados. Que a la vez que hay indicios de la posibilidad cierta de una catástrofe conservadora hay un énfasis del gobierno en no retroceder en sus decisiones fundamentales y los hay también de una múltiple voluntad colectiva. Podríamos decir: falta la construcción. Nos privamos de hacerlo, para que quede el vacío ruidoso de aquello que no sabemos ni qué sería ni cómo se hace. Apenas intuimos, y que valga como susurro, que mucho de pasión por el presente, de donación a los entusiasmos de lo que viene y de renuncia a las rigideces del pasado, serán actitudes necesarias.

¿Estamos pidiendo más a un gobierno cuya existencia está, sin dudas, amenazada? ¿Estamos concurriendo a la conjura de las exigencias que pueden alterar la vida institucional? ¿Es tiempo de solicitar, una vez más, profundización de los cambios, o sólo se trata de apegarnos a los hechos, a un realismo de la continuidad, para evitar lo peor: la desestabilización, el ascenso brusco de las derechas, el triunfo de las más radicales presiones corporativas, el escenario hondureño? El gobierno está sitiado. Por una confluencia que quizás nadie pueda detener. En el sitio conjuga gestos defensivos, audacias inesperadas y perseverantes compromisos. Entre estos últimos, la actitud de condena frente al golpe en Honduras ante la indiferencia de muchos e incluso la crítica obtusa ante la decisión de la Presidenta de ir al lugar de los hechos para dejar claro que la recuperación democrática en ese país no sólo reclama la acción de las cancillerías o de las instancias diplomáticas internacionales. Honduras nos atañe. Habla de nosotros. Como Argentina habla de Bolivia. Y Bolivia de Venezuela. Y Venezuela de Ecuador. Destinos cruzados y necesidades mutuas en un contexto signado por la expansión de la presencia estadounidense en Colombia de un modo que remeda, amenazante, las viejas prácticas imperiales.

En cuanto a la actitud que el gobierno de Cristina Fernández debiera tener en esta situación amenazada, algunos prescriben concesiones ante grupos de presión; otros la defensa de las políticas económicas sostenidas. Si solicitamos más, es porque consideramos que esa defensa sólo puede desplegarse sobre la constitución de un horizonte político, sobre el hallazgo colectivo de un proyecto que exceda y desborde la actualidad, sobre el sueño común de reinvención de lo público. Sin esa dimensión utópica, sin esa perspectiva que reinscriba los hechos cotidianos en un relato que los excede y potencia, no hay renovación de las posibilidades gubernamentales pero tampoco de las políticas populares. La idea de cambio fue, publicitariamente, capturada por las derechas mientras el gobierno hizo campañas de reivindicación de lo hecho. Pero la política no es el cierre sobre el presente, salvo que se resigne a devenir administración de lo dado. Es desde las fuerzas que efectivamente han transformado mucho en este país y en estos años, desde las fuerzas que han puesto en discusión razones profundas de la transformación social, que se debe recuperar la invocación al cambio. El llamado a la construcción de una sociedad emancipada de sus grilletes y reparadora de sus injusticias.

Se hizo, es cierto. Defendemos lo hecho. Pero lo que pende es fundamental: la reposición de las instituciones estatales en las condiciones de producción contemporáneas, el planteo de un sistema impositivo que tenga un carácter progresivo o desplegar nuevas regulaciones al capital financiero, son algunas. Otras ya las hemos mencionado. Insistimos: no como gestores de un balance de una empresa en quiebra. Sino como trabajadores de su recuperación. La nación está en juego. Y las vísperas del bicentenario podrían ser ocasión de una apuesta imaginativa que desborde los fastos conmemorativos y los rituales previsibles. De una apuesta que incluya los temas postergados de la emancipación, como la relación entre la nación y las comunidades culturales y étnicas que la precedieron. La reivindicación de los pueblos originarios presupone una profunda invitación a poner en cuestión los fundamentos culturales que nos cobijan, no para abandonar los que nos son comunes sino para que nos sean comunes los que surjan de nuevas revisiones históricas.

La idea de que es necesario reabrir las posibilidades de la historia, no puede escindirse de la emergencia renovada de organizaciones populares. ¿A quién le habla el gobierno cuando habla?, es una pregunta que si notoriamente está vinculada con los estilos comunicacionales dice también sobre cuestiones estratégicas. Porque a la escena de las presiones de las corporaciones patronales sólo se la combate con una escena de escucha y conversación con los partidos políticos populares y con los movimientos sociales. Y a la escena de los titiriteros mediáticos se la confronta no sólo con medios públicos -que son necesarios-, no sólo con la democratización que supone una ley de servicios audiovisuales -que es urgente e imprescindible-, sino también con una escena política autonomizada de la lógica mediática. Incluso, la que ocurra en los esfuerzos últimos que realicemos para que nuestra propia conciencia vuelva a albergar la noción básica de autonomía crítica, ética de convicción y templadas responsabilidades para reconstruir un sentido de verdad ante las derechas que en el vaciadero de los conceptos, se revisten con los viejos temas de las izquierdas. No es que las ideologías hayan desaparecido, sino que se las modula como una más de las mercancías que se le ofrecen al consumidor.

Alguna vez dijimos que a las acciones de este gobierno, incluso a algunas de las más relevantes, les faltaba lo previo: una cierta elaboración en la cual se inscribieran con la fuerza necesaria, pero también su enhebramiento con un entramado de voluntades y activismo, capaz de proponer temas, de situar problemas, de hacer y defender políticas. No se trata sólo del horizonte político futuro. Incluso la institucionalidad gubernamental requiere, para sustentarse sin graves cesiones a los poderes corporativos -que encuentran hoy en el empresariado más concentrado un programa completo de transformación de la economía argentina- , de una revitalización de las organizaciones populares.

Eso que falta es necesario para preservar los aspectos más profundos y relevantes de estos años. Para preservar y expandir la política de derechos humanos; la integración regional; los derechos laborales; decisiones soberanas respecto de los organismos financieros internacionales; instituciones de defensa alejadas de las doctrinas de la represión; la inversión de recursos en ciencia y técnica. Preservar y expandir es, también, ir más allá de una concepción economicista que sitúa al crecimiento como estrategia rectora última. La crisis mundial dejó interrumpido ese camino de expansión de la inversión, empleo y mercado interno. La idea de distribución de la riqueza vino asociada no sólo a un retintineo promisorio sino a la efectiva reactivación de la economía. La crisis afecta ese despliegue, que quizás tenía núcleos internos que lo volvían ciego ante ciertas situaciones de exclusión y desigualdad social.

El debate sobre las asignaciones familiares a trabajadores informales o a desocupados, la idea de ingreso universal de ciudadanía, los planes diferenciados para atender situaciones de pobreza, fue postergado en función de una perspectiva economicista. La ausencia de políticas reparatorias que atenuaran las desigualdades dentro del interior del mundo laboral, aligeró como palabras al viento aquellas que nombraban las efectivas medidas de justicia existentes. ¿No tuvieron relación los resultados electorales con esa ausencia? Porque no hay metáfora más errónea que la de traición, que supone a los votantes como seres arrastrados a una decisión cuyo sentido ignoran. Hay, en todo caso, un disgusto, una necesidad, una crítica, que benefició, especialmente, a los dirigentes surgidos de las falanges restauradoras y los gabinetes fantochescos que inventan políticos por encargo. Lamentamos esa decisión emanada de las urnas. Pero no serán las explicaciones consoladoras las que permitan revertirla.

La reversión es posible, pero requiere un modo novedoso de tratar lo público. De volver a considerar lo público. Está en juego eso en la política nacional pero también en la ciudad de Buenos Aires, en esta ciudad con sus plazas en las que se leen estas cartas, con sus edificios sanitarios amenazados por operaciones inmobiliarias, con sus parapoliciales que desalojan espacios comunitarios, con sus jefes de policía que surgen de las más tenebrosas historias de encubrimientos y exacciones. Medidas que pretenden hacer campo raso de lo heterogéneo y de la ciudad laboratorio de la nueva derecha. Nuestra calle, aquí, es Resistencia.

El jefe de gobierno de esta ciudad es un empresario. Como tal parece menos enjuiciable que los hombres de la política. Ante el banquillo del juicio que la sociedad mediática encara, se lo presume inocente. Quizás no del todo, pero sí más que aquellos que hablan más de política que de negocios. Por eso, puede reírse de las combinaciones entre tintorerías y prostíbulos en los barrios pobres de la ciudad. Ha ordenado desalojar huertas y expulsar hombres y mujeres sin techo. Ha burlado a los docentes y a los trabajadores de la salud. Ha imaginado desalojar los antiguos neurosiquiátricos, menos por un libertarismo antimanicomial que por la valorización de los terrenos. Ha nombrado un jefe de policía en cuyo nombre se anuncia la acentuación de estrategias represivas y de funcionamientos corruptos. Perdiendo votos, sin embargo ha ganado las elecciones. Quizás porque en figuras así se condensan las fuerzas anímicas del miedo, la sospecha y la indignación.

No es un problema de los porteños. En Nueva York le pagan a los desocupados un pasaje de ida para privar de su miseria a la ciudad. Pero esta es nuestra ciudad: en ella debemos disputar cada esquina, cada barrio, cada discurso y cada idea. Contra esa articulación reaccionaria, es necesario situar una agenda de recuperación de lo público: del espacio, de las conversaciones, de las políticas, de las instituciones, de los recursos naturales, de las facultades humanas. El mercado, sabemos, es capaz de apropiarse y gestionar todo eso, bajo la lógica de la ganancia y el rendimiento comercial. Y hay políticas estatales que se subordinan a la obediencia de esa lógica. Incluso, algunas políticas nacionales, como la que regula la minería, en la que prima la explotación inmediata antes que el resguardo de los derechos comunitarios. Recuperar lo público es poner en cuestión esos criterios, situarlos en el marco de una discusión que no debe aceptar para sí los límites de lo ya dado, sino que debe constituir el horizonte utópico y realizable de lo porvenir.

Hay mucho que preservar y hay mucho por hacer. Aunque minado por la sospecha y la indignación existe un terreno en el que eso se dirime: la política. Las diversas tradiciones ideológicas que han puesto el acento en lo popular y sus potencias tienen ante sí un desafío mayúsculo: el de considerar su confluencia sin exclusiones, su situación sin mezquindades y el futuro con inédita imaginación.

Aquí en esta esquina somos una suerte de conjurados. En defensa de un conjunto de políticas desplegadas desde el 2003 y del derecho del gobierno a perseverar en ese camino y con la independencia de criterio que nos dan nuestras propias experiencias, valores, ideas. Nuestro llamado al coraje colectivo contra el operativo derrumbe no resuena en el eco de los espacios vacíos. Al contrario, rebota en los cuerpos, se ahínca en los sueños, se intercambia en la reflexión común. Por eso creemos que no se puede hablar de derrota ni de victoria ni nos está dado el tono de la certeza. Sí saber que lo que sucede nos atañe. Y por eso no nos escandaliza.

Carta Abierta Nacional Nº 5

Restauración conservadora o profundización del cambio.

Recorre la Argentina la fanfarria de una restauración conservadora, expresión de una derecha vieja y nueva. Con arrebatos cambiantes, a veces con estridencia, muchas veces en la penumbra,

nerviosamente se preparan. Van de reunión en reunión, en una coreografía que se hace y rehace bajo la bitácora de semanales gacetilleros del gran desquite. Ventrílocuos, pronostican el próximo viraje. El fin de la pesadilla. No llegan a ser aún la Santa Alianza. Pero a falta de un Metternich, pululan políticos de diversas historias y procedencias, estilos comunicacionales aparentemente objetivos y representantes de economías facciosas que apuestan a recrear un Estado sin capacidad de pensar el conjunto de la Nación, cuando es necesario transformarlo en el sentido contrario, sacudiéndose sus modos neoliberales y su debilidad institucional. Los restauradores exudan el deseo de recuperar los fastos de la Argentina del primer centenario, aquella en la que la mitología agroganadera representaba los fundamentos de la Nación. Sus narrativas del presente se inspiran en las injusticias y desigualdades del pasado.

Ellos realizan sus rápidos cálculos de reposición del viejo orden. Alegan pureza institucional, pero se han abstenido de hacer gala de ella cada vez que les tocó actuar en tareas de responsabilidad. Esgrimen que se han superado los límites tolerables en materia de seguridad, pero en vez de pensar los abismos sociales que sólo se remedian con políticas democráticas y con el desafío aún pendiente de una nueva distribución del ingreso, expanden un miedo difuso preparando futuras agencias y formas regresivas de control poblacional. Vigilar y castigar parecen ser sus recursos privilegiados, el núcleo primero y último de la brutal simplificación de la anomia que subyace a una sociedad desquiciada por la implantación, desde los años de la dictadura videlista, de un proyecto de país fundado en la exclusión, la marginalidad y la miseria creciente de aquellos mismos que acabarán convertidos en carne de prisión o de gatillo fácil.

Si es el caso, no vacilan en aceptar pigmentos de “izquierda” para presentar un proyecto que pertenece a las fantasías recónditas de una nueva derecha mundial. Desenfadados, anuncian que todo lo que harán no será contradictorio con la asunción de “la política de derechos humanos”. El neo-conservadorismo argentino ha aprendido a no ser literal como sus ancestros. Puede ser también, si lo apuran, un “progresismo de derecha”, imbuido de los miles de fragmentos sueltos que vagan por los lenguajes políticos. Todo vale. Pueden tomar las premisas de una lengua que hace poco pertenecía a los movimientos sociales de transformación. O pueden sonreír por lo bajo pues alguien sustituyéndolos reclamará magnas puniciones y pronunciará el supremo veredicto: “pena de muerte”. Será la forma sublimada de indicar el rumbo de la reingeniería de una “sociedad turbada”, una Argentina que reclamaría la pastoral de la seguridad, que en vez de considerarse un grave problema que debe convocar imaginativas soluciones económicas, democráticas, laborales y pedagógicas, es visto como una peste medieval que exige periódicos exorcismos de punitivas sacerdotisas y ávidos prelados.

Junto a la complicidad con quienes exigen un cadalso público como forma de una nueva razón disciplinadora, los mundos políticos de la restauración conservadora extienden bruscamente ante sí el descuartizado mapa de las ideologías argentinas. Unos buscando “patas peronistas”, otros “patas liberales” y otros “patas radicales” para lo que creen que son sus baches a ser rellenados con cuadrillas políticas nocturnas de urgencia. Confunden política con pavimentación. Se entrecruzan en el complaciente intercambio de figuritas sobre el vacío que se atribuyen a sí mismos. Comienzan por reconocerse carentes, vivir en el socavón de su propia escasez. No sorprende que la decadencia de las grandes ideas de cambio social haya traído aparejada la decadencia del lenguaje político. Las viejas corrientes políticas, que supieron ser corrientes de ideas, son ahora partes de un pensamiento rápido, aleatorio, que se arrastra por el piso como un mueble que desgastó sus soportes. La nueva derecha, forjada en los lenguajes massmediáticos, carece de escrúpulos a la hora de arrojar por la borda ideas y principios o de adherirse a los restos tumefactos de tradiciones antagónicas; lo único que le importa es conquistar, por la vía de la simplificación y el vaciamiento ideológico, a una ciudadanía apresada en las matrices heredadas de los noventa menemistas. Pretenden organizar las filas del individualismo atemorizado pero si triunfan no gobernarán como estrategas de la concordia social sino como artífices de una implacable revancha represiva.

Los representantes de la restauración han memorizado así archisabidos preceptos, míseras cartillas para refundar el Orden Conservador, pero se sienten vivados por los abstractos públicos presentados como momentánea platea popular sustituta. Saben que actúan en medio de poblaciones estremecidas por los diversos planos de una crisis civilizatoria de la que dicen no tiene conclusión visible, pero la suelen ver como parte de un oscuro deseo de que esa crisis llegue pronto a la Argentina como “gran electora catastrófica”. La crisis mundial sería la prestidigitadora de una devastación. Desarticularía previsiones, refutaría políticas públicas y esparciría desempleo, inestabilidad o pánico. Y les daría votos. La conciencia invisible del conservador se mueve en todos los rubros de la lengua movilizadora, pues sabe que hay un público difuso extendido en todo el país que lo escucha y que proviene de muchos legados políticos destrozados. Se parte del anhelo de que la crisis venga ya. Que irrumpa por fin esa crisis mundial y derrote a los esfuerzos que se hacen por conjurarla, a veces buenos, otras improvisados sobre el vértigo que la crisis impone, no siempre efectivos.

En el inconciente colectivo de la restauración se halla emplazado el pensamiento de que la “llegada visible de la crisis” equivaldría a una admonición mesiánica que se encargaría de derrotar a los frágiles gobiernos a martillazos del Dow Jones y drásticos patrullajes del Nasdaq. Ninguna conciencia parecen tener de que esas catástrofes en el centro del mundo se han llevado consigo los paradigmas sobre los que construyeron sus capitales político-intelectuales. Más que paradigmas, son sofismas que no cesan de repetir a despecho de las evidencias. Eluden dar cuenta de la gravedad mundial de la crisis para menoscabar las medidas que atenúan sus ondas expansivas más duras. No se atreven a reconocer que la demora y cierta “suavidad” relativa de la crisis en Argentina se vincula con las políticas gubernamentales de moderada desconexión de las lógicas financieras del capitalismo contemporáneo. Los restauradores repiten sus axiomas ya fallidos y no trepidan en solicitar el fin de la desconexión: volver al seno del FMI es ya una consigna de batalla.

Los líderes del "partido del orden", mientras aguardan el auxilio de la crisis, no pueden atravesar ciertos dilemas de parroquia: ¿qué representación política dará finalmente el nuevo bloque agrario que trae la sorprendente fusión en las consignas de los agronegocios de los sectores que antaño se diferenciaban por distintos tipos de actividad agropecuaria? Una nueva soldadura material y simbólica ha ocurrido frente a las nuevas características tecnológicas y empresariales de la explotación de la tierra sobre el trasfondo de ganancias inesperadas. Se trata de un bloque “enlazado” que, bajo un débil manto de republicanismo, se propone la cruzada restauradora y para hacerlo declara vetustos a los desvencijados partidos remanentes, exige una derechización social y pone en crisis también a las tradicionales representaciones del sector..

Los restauradores anuncian que están frente a una impostura histórica pero llaman impostura a novedades introducidas por un juego democrático que sin duda es desprolijo pero vital; anuncian que están frente a manifestaciones de locura y tilinguería, pero no se privan de reclutar en sus filas a toda clase de comediantes que postulan el regreso a una normalidad administrada desde antiguos retablos ajustistas. Anuncian también que están frente a un gobierno errático, peligrosamente estatista –si son liberales-, e insensible a lo social –si asumen aires ocasionales de izquierda. La impostura de la que acusan al gobierno atraviesa de lado a lado su lenguaje, en especial cuando recurren a antiguas y venerables simbologías populares en nombre de intereses antagónicos de esas tradiciones.

Este tema es necesario recorrerlo claramente. El gobierno se halla en medio de una tormenta social y política –local e internacional- acerca de la cual, tanto como no se puede aceptar que la haya provocado en lo que tiene de incierta, tampoco es posible dejar de ver en sus medidas más atrevidas el origen de las hirientes esquirlas que recibe como respuesta y debe afrontar. Estas medidas ya se conocen, y van desde los primeros gestos en relación a fuertes reparaciones simbólicas que desataron nudos asfixiantes de la historia hasta el pasaje de las existencias de las AFJP al patrimonio público bajo administración estatal o el profundo y necesario proyecto de ley de medios audiovisuales, sin dejar en un segundo plano la recuperación de una perspectiva latinoamericana que abandonó el paradigma de las “relaciones carnales” para encontrarse con irredentas pertenencias histórico-culturales. Con sus diferencias y particularidades, los procesos boliviano, venezolano, brasileño, ecuatoriano, cubano, uruguayo, chileno, paraguayo, nicaragüense, salvadoreño, no nos dejan pensar que esta hora latinoamericana va a ceder su horizonte de realizaciones ante la agresión mancomunada de las nigromantes y los hechiceros del retroceso. Y sabemos que la difícil encrucijada económica y social no puede sortearse sin la composición de tramas políticas, económicas y culturales de alcance regional.

El ciclo abierto en el 2003, no sin titubeos, produjo una diferencia con las formas de gobernabilidad anteriores, diferencia surgida de la lectura de los acontecimientos de 2001, cuando el protagonismo popular sancionó el fin de aquellas formas. Diferencia que se percibe en sus intentos democratizadores (que van desde la modificación virtuosa de la Corte Suprema hasta la afirmación de una política de derechos humanos que retoma los reclamos de los grupos organizados por su defensa), en el tipo de encuentro que propició con los movimientos sociales (entrecruzamiento de diálogos y no de medidas represivas), en el planteo de núcleos centrales para una sociedad justa (desde la enunciación de una pendiente redistribución del ingreso hasta la extensión de los derechos jubilatorios y la reposición de la movilidad de los haberes), desde la innovación en políticas de defensa hasta la decisión de no rendir ante el altar de la crisis los sacrificios tradicionales del trabajo y del salario.

Se conocen también sus deficiencias. Existe un gran contraste entre acciones innovadoras en campos sensibles de la vida social y apoyaturas que arrastran estilos rígidos, no decididamente democráticos, de organización política. Nos referimos a una escasa renovación en los sostenes oficiales del gobierno, cuando no a un chato horizonte de conveniencias sectoriales –encarnadas por lo general en porciones extensas del Partido Justicialista- y específicamente en el profundo error que se comete con alianzas como las de Catamarca, donde se marchó junto a la figura que gobernaba la provincia cuando sacudía al país el caso María Soledad y con las huestes de un confeso ladrón. También lo que implica la cercanía con Aldo Rico en San Miguel, para mencionar sólo los casos que más hieren. No sólo por lo que componen, también por la ausencia que revelan de otra construcción política capaz de efectuar una interpelación popular, convocar a los hombres y mujeres, a los trabajadores, a los desocupados, a los que estudian y los que crean, a apoyar y expandir una diferencia que efectivamente existe en ciertos actos y se opaca en la rutina de las antiguallas partidarias. No es casual que en las entretelas de estas alianzas de ocasión con personajes sin moral y sin conciencia, que han navegado los últimos veinte años de vida política, haya tomado cuerpo la “idea” de una “salida ordenada” del kirchnerismo, manejando figuras como el cáustico sojero fórmula 1. Esa salida –engalanada con prefijo post- dejaría al pueblo como rehén. Se trata, en realidad, de la restauración conservadora con la misma soja al cuello pero con Hugo del Carril en la vitrola. El gobierno se recuesta sobre una estructura partidaria que parece garantizarle un piso electoral imprescindible, sin transitar por sendas en las que se podría vislumbrar un horizonte distinto. Comprender la carencia no significa aceptar la solución como la única posible. Es, más bien, anticipar los costos a pagar.

Son temas que es necesario revisar. La dignidad de un proyecto social de cambios requiere que sus apoyos surjan convencidamente de llamados a las vertientes sociales, productivas y culturales que esperan participar en un movimiento que pueda gobernar en medio de desafíos fundamentales y vencerlos innovadoramente. Ese llamado aún no ha ocurrido aunque, como debe brotar de los pliegues críticos de la sociedad, es necesario encontrar en la sociedad civil el lenguaje y los argumentos para concretarlo. Un lenguaje sensible a una sociedad que se ha transformado y cuyas disidencias internas, sus polémicas públicas, no pueden ser explicadas sólo con la cartilla de las anteriores lecturas nacional-populares. El desafío es apropiarse de aquellas lecturas pero entramadas en una nueva y compleja realidad; de reencontrarse con los afluentes de una memoria de la justicia y la igualdad en el contexto de inéditos saltos al vacío del capitalismo actual. Es bajo esta perspectiva que reconocemos la trascendencia de lo abierto en mayo del 2003 y que no olvidamos las enormes dificultades que existían y que todavía persisten para construir un proyecto democrático y popular. Algunas izquierdas, como lo han hecho repetidamente, no atinan a dar cuenta de la singularidad de los acontecimientos. Es hora de entrelazar miradas, perspectivas, tradiciones y biografías diversas que comparten el ideal emancipatorio, intuyendo que la hora argentina reclama una fuerte toma de partido que sea capaz de enfrentar la restauración conservadora.

No queda mucho tiempo para ello. Pero reconocer las dificultades no implica bajar los brazos. Las consecuencias de un triunfo de la coalición conservadora pueden ser graves, pero este documento quiere ser de esperanza y de reagrupamiento en la lucha. Veamos: en la Ciudad de Buenos Aires está en curso una experiencia. La gobierna una derecha que con remozada gestualidad despliega destructivos ataques a las instituciones públicas de la ciudad, rastrilla las calles con anteojeras represivas y no desdeña ocasión de borrar aquello que otros pensamientos políticos habían inscripto en la vida estatal. Gobierna esa derecha por su capacidad de seducir a un electorado dispuesto al festejo de fórmulas abstractas que (ilusoriamente) resolverían problemas complejos. Pero el progresismo porteño aún merece una revisión crítica y el gobierno nacional el cuestionamiento de su escasa reflexión sobre la peculiar sensibilidad cultural y política de la ciudad. Cuando algo permanece intratado, cuando no se lo considera en su especificidad, es arrojado a un trato consignista, abstracto, reactivo. Campo fértil para las derechas, con sus maniqueísmos excluyentes. Por eso, se arriesga demasiado cuando se trata con categorías desdeñosas a una ciudadanía que puede ser complaciente y superficial, pero en ocasiones, además, díscola y crítica. También el riesgo es altísimo cuando se renuncia a considerar ciertos temas, como el de seguridad, por lo que arrastran de amenaza. Las grandes ciudades argentinas, escenarios y protagonistas de luchas emblemáticas de la historia nacional (desde las huelgas de la Semana Trágica o la Reforma universitaria hasta el Cordobazo; desde el 17 de octubre o la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre hasta las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001), esas mismas ciudades han sido permeables al discurso neoliberal. Pero las ciudades anteriores persisten.

Tradiciones culturales y memorias comunitarias subyacen a la espera de una invocación política que las reavive y contenga. Nadie es dueño de la conciencia de los millones que viven, sueñan y despotrican en estas urbes. La crisis puede ser oportunidad de reabrir esa historia y para considerar los núcleos potentes de las luchas urbanas actuales: la confrontación contra la precarización del trabajo y el desempleo, el enfrentamiento contra las añejas pero actualizadas formas de opresión a las mujeres, para nombrar sólo algunas. No damos por perdida esa apuesta por arrebatar las ciudades de sus cautiverios mediáticos y sus temblores restauradores.

Cuestiones vitales como el modelo energético, el régimen de entidades financieras, el transporte ferroviario y fluvial, la explotación minera, requieren formas de desarrollo viables que no acepten fáciles composiciones con empresas transnacionales que no tienen hipótesis de preservación ambiental ni se componen con un modelo económico nacional autónomo. Es necesario actuar con criterios eficaces en torno a crear opciones económicas democráticas, donde un pragmatismo inmediatista no sustituya un proyecto más profundo de economía distributiva, proteccionismo democrático, urbanismo integrador e inclusivo y ordenamientos normativos que impidan la rapiña de recursos. Esto requeriría de instituciones estatales con capacidad de desplegar políticas públicas, con efectiva llegada a todo el territorio nacional. Pero sabemos que, si entre los méritos del ciclo abierto en el 2003 está el de resituar la importancia del Estado, también es claro que el realmente existente no está a la altura de esa relevancia.

Se han desplegado, sin embargo, considerables apoyos a los compromisos científicos sustantivos, expandiendo la investigación, los presupuestos a ella destinados e incentivando la innovación intelectual en la vida social productiva. En este mismo itinerario, queda pendiente la renovación de las fuentes de la reflexión crítica sobre estas materias, sin esquematismos ni fervores momentáneos que demoren el encuentro de los grandes núcleos de acción intelectual creativa en torno a la ciencia, el arte, el urbanismo, los medios de comunicación, el lenguaje, el diseño y las tecnologías. La creación del Ministerio de Cultura de la Nación, capaz de articularse con el de Ciencia y Tecnología, permitiría pensar la inteligencia y la creatividad sociales en conjunto, no como secciones estancas de acciones nómadas.

Por todo esto, llamamos a ejercer el derecho de crítica autónoma dentro de un gran campo de apoyo a los aspectos realizativos que ha encarnado el gobierno nacional. El momento lo reclama. No somos partisanos de una axiomática y binaria contradicción fundamental, aún cuando reconozcamos que las situaciones críticas conllevan, a nuestro pesar, un borramiento de matices. Debe haber distintas variantes y situaciones para los pensamientos críticos. Pero tampoco el gobierno es ese manojo irreversible de contradicciones obtusas que a diario nos propone la vasta maquinaria mediática que lo envía al patíbulo en miles de minutos diarios de televisión, acudiendo a las doctrinas ubicuas del escándalo y el odio, en uno de los momentos más graves de irracionalismo asustadizo y de no tan encubiertos racismos que haya vivido la sociedad argentina contemporánea. Esa ofensiva de una derecha agromediática que no deja nada por tocar ni ensuciar, que corta rutas y agita conspiraciones, nos persuade de la decisiva importancia que adquiere no solamente la defensa de la legitimidad democrática sino, más hondo y grave, del decisivo entrelazamiento de un proyecto popular con el destino del gobierno. Desatar el nudo que une ambas perspectivas constituye un error cuyo costo puede ser desmesuradamente elevado; imaginar que la caída de lo inaugurado en el 2003 puede ensanchar el horizonte popular y nacional es no sólo una gigantesca quimera sino una perturbadora irresponsabilidad histórica de los que todavía no comprenden el carácter y la dimensión del peligro restaurador.

La restauración tiene sus antenas y tentáculos preparados para aprovechar los deficientes reconocimientos mutuos que hemos tenido entre aquellos que en el pasado compartimos horas decisivas para constituir una fuerza popular transformadora desde distintas vertientes de la historia argentina. Llamamos entonces a que consideren favorablemente estas ideas, precisamente los compañeros de las izquierdas, de las corrientes nacional-populares, de los libertarismos, de los autonomismos y de los socialismos. Es imprescindible que sigan realizando observaciones críticas a las que siempre les otorgamos credibilidad, pero también les proponemos que las integren a un seno común aunque heterogéneo de opiniones situado ante la urgencia de oponerse a la restauración conservadora. Pero no menos imprescindible es que se constituya una gran fuerza autónoma que recorra las diversas experiencias de transformación social y las devuelva a la esfera pública de un modo movilizador, renovado y creíble. Allí radica una de las apuestas sin la que resulta casi inimaginable la profundización popular de un proyecto democrático que vino a renovar las lenguas políticas en un tiempo dominado por las clausuras y las desesperanzas.

Llamamos a actuar contra la restauración conservadora de un modo creativo, inhibiendo su diseminación con argumentos sutiles y masivos, que pongan en evidencia su auténtica impostura, su anacronismo y la amenaza que suponen a cualquier forma de redención social, defendiendo los aspectos progresivos de la actual situación y haciendo explícitas las reservas, a modo de un necesario reencaminamiento de las acciones políticas populares. Llamamos a no dejarnos sorprender por el clima de desprecio que crean los operadores de una crisis anunciada, que es el ensueño de las viejas fuerzas del Orden con pañuelito de seda al cuello, gozando ahora de la masividad mediática con que instalaron el partido del miedo. Llamamos a retirarnos de la quietud y a no quedar atados al comprensible malestar por los enredos que poseen muchos de los recorridos políticos de la hora. Porque la aparente claridad de los restauradores traerá al país los capítulos ya conocidos de la pasividad cívica, el descompromiso con el trabajo colectivo, la mediocridad política y el predominio de los círculos áulicos que operan en el servicialismo a los más oscuros poderes imperiales, cuyo resultado previsible es la multiplicación de la desigualdad, su marca más auténtica.

En estos meses, se desplegará una contienda electoral que tendrá mucho de plebiscito respecto de las políticas gubernamentales, que en algunos casos presentan deficiencias pero que configuran acciones reparatorias para una sociedad dañada. Las rutinas electorales –con sus desfiles de espantajos y sus diatribas mutuas- serían insufladas de otro entusiasmo si se las dota de un carácter programático. De un programa en el que la defensa de los derechos humanos, la consideración de la seguridad sin reduccionismos represivos, políticas de retención de las rentas extraordinarias, estrategias de apoyo a la producción, proyectos educativos que promuevan sujetos autónomos e inclusión social, políticas de salud enraizadas en las vastas necesidades populares, la profundización de la integración regional, la preservación ambiental (incluidos los glaciares) y el debido cumplimiento de las aún pocas leyes existentes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, no puedan ser expurgados ni menoscabados. Por otro lado, también se estará debatiendo una de las más radicales medidas de distribución cultural: una ley que impulsa la democratización del sistema de medios de comunicación. El proyecto, surgido de intercambios y consultas, estará recorriendo los vericuetos del debate en la sociedad civil antes de su trato parlamentario. No serán, no son, tiempos fáciles, portan una nitidez casi dolorosa y exigen renovadas pasiones. Muestran que no hay para el pueblo argentino “salida ordenada” contra la restauración conservadora. ¡Profundicemos los cambios! Ese es nuestro llamado.