
lunes, 14 de diciembre de 2009
domingo, 15 de noviembre de 2009
domingo, 1 de noviembre de 2009
Gatillo fácil en Pergamino
Es necesario para esto, apelar a la Memoria, aún cuando en los tiempos que corren, los discursos instalados desde la derecha proveniente de los sectores más variados nos alienten a enterrar el Pasado para involucrarnos en el Presente, como si la relación entre ambos momentos no fuera un puente inevitable de entramados sociales y políticos en nuestra historia.
Es así como el plan represivo de la última dictadura militar en nuestro país que, mediante el asesinato, la desaparición, la tortura, el secuestro y la apropiación de niños, la prisión y el exilio, eliminó toda forma de organización política para imponer su plan económico-social, pretende ser “olvidado” y desarticulado de toda violación de los DDHH en la actualidad. Y así comienza una impunidad que comenzó con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos para los represores, una impunidad que hizo posible 33 muertos en las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre. Una impunidad que hizo posible el saqueo sistemático y la condena de millones de argentinos al hambre y la miseria, una impunidad que también hizo posible, desde 1984 hasta hoy, cientos de asesinatos, víctimas del gatillo fácil.
Entonces, frente a esta “desmemoria sistemática”, aparecen los discursos promovidos desde la derecha e instalados con absoluta desvergüenza por los medios de comunicación nacionales y reproducido pos los medios de cada localidad, de cada pueblo, regla a la cual Pergamino no constituye excepción alguna.
Y así, la repudiada muerte de Axel Blumberg se convierte en la excusa perfecta para que los defensores de la represión desmedida y la criminalización de la pobreza resuenen en los canales de televisión, se multipliquen en las hojas de los diarios, reproduciendo el falso debate impuesto por este sistema: "los derechos humanos de las víctimas, por sobre los derechos humanos de los delincuentes". En este debate sin sentido se omite, intencionadamente, que los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Se omite también que el garante y único violador posible de los derechos humanos es el Estado. Cuando una persona cualquiera mata a otra, no está cometiendo una violación de derechos humanos, aunque sí es un asesinato. Es violación de derechos humanos cuando el Estado, por intermedio de quienes trabajan dentro de él, mata a otros. Y se mata tanto con balas como con hambre, exclusión, indiferencia, falta de salud, falta de trabajo, desamparo. Ninguna sociedad justa puede construirse avasallando y negando los derechos de ninguna persona, aunque ese avasallamiento sea en nombre de una aparente justicia.
Y en este contexto de “olvido e impunidad” la policía no permanece ajena a la necesidad que tienen algunos sectores de hacer tronar el escarmiento, porque en esta necesidad ven legitimado su accionar de control social: el gatillo fácil y la tortura.
Mientras en la última campaña para las elecciones legislativas de junio, los sectores de derecha más radicalizados, ofrecían garantía de mayor seguridad y control de la delincuencia mediante “planes sofisticados” y absolutamente ajenos a la realidad social de nuestro pueblo, tampoco se escuchaba desde sectores más progresistas instalar con fuerza el debate del concepto que implica el “pedido a gritos de más mano dura y la baja de edad de imputabilidad de nuestros jóvenes”.
Es así como en el análisis de los innumerables casos de abuso de la función pública cometidos por las fuerzas policiales acontecidos en nuestro país y mayormente en la provincia de Bs As, podemos observar que se trata de jóvenes y adolescentes que han traicionado los pequeños negocios de la ilegalidad policial, que se niegan a ser “buchones”, que están en la esquina del barrio cuando el patrullero los confunde con otros de quienes querían vengarse, o pobres diablos engañados para lo que sería luego la escenificación de un falso “operativo” policial, obviamente exitoso. Todas esas muertes son muertes naturalizadas. Acostumbradas. Aún hoy lo son.
Esos casos son mencionados por los medios de comunicación como los “excesos”, los “abusos” y la “brutalidad” policíaca. Ahí se les ha ido la mano, ahí se han propasado, eso sólo puede ser obra de un desvío institucional, de un perverso –o varios de ellos–, de hombres cebados en la sangre y el dolor ajeno, de bestias. Eso es “violencia policial”.
Sin embargo, una observación profunda y mucho menos mediática de todos los casos, parece demostrar que las “muertes-acontecimiento” son sólo ejemplos de un fenómeno más vasto, de un lenguaje de violencia local. Más que hechos extraordinarios, son parte de un complejo proceso de legitimación armado sobre “saberes policiales”, sobre normas jurídicas, sobre costumbres institucionales.
Es entonces cuando impúdicamente aparece el silencio de la gran mayoría de nuestra sociedad, tapando bajo la alfombra de los discursos represivos, una realidad contundente. Realidad que refleja claramente que no se trata de la violencia del policía criminal que aprieta el gatillo a mansalva ni que tortura a su víctima hasta la muerte. Es la violencia del funcionario de seguridad uniformado o de civil, que detiene a un cualquiera porque le es sospechoso de algo impreciso, que se lleva personas para encerrarlas en la comisaría por unas cuantas horas porque tiene que cumplir con la estadística que la “superioridad” exige, que obliga a cientos y cientos de pobres personas a ser requisadas, manoseadas, molestadas, que rodea con patrullas y cordones policiales un barrio, un estadio, una calle para clasificar quién entra y quién sale, y que decide en ese acto cuáles credenciales son idóneas y cuáles acreditan que cosa cada vez.
Sólo comprendiendo, mostrando y comprometiéndonos a cambiar este escenario de una realidad que promueve “el olvido y la impunidad”, podemos entonces sin hipocresía responder a las preguntas iniciales de este documento y así entender cabalmente de qué se trata la injusta y absurda muerte de Juan Carlos Quiróz, el pibe que había estado jugando al fútbol en la canchita del barrio el día que lo mató la policía.
sábado, 24 de octubre de 2009
jueves, 22 de octubre de 2009
De la Juventud Carta Abierta: CARTA ABIERTA A TODOS LOS JÓVENES PERGAMINENSES
¿DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE
SOMOS
CARTA ABIERTA ES UN ESPACIO PLURAL SURGIDO EN CAPITAL, INTEGRADO POR PENSADORES, INTELECTUALES, ARTISTAS Y DEMÁS CIUDADANOS, ALLÁ POR EL 2008, CON EL AFÁN DE DEFENDER LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y OPONERSE A
CARTA ABIERTA COMENZÓ CON ESTE FIN, Y SU INSTRUMENTO DE DIFUSIÓN DE IDEAS ERAN, JUSTAMENTE LAS CARTAS ABIERTAS A
ESTO SE TRATA DE UNA NUEVA FORMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, DESDE EL PENSAMIENTO Y
A NUESTRO ENTENDER, VIVIMOS EN NUESTRO PAÍS Y EN LATINOAMÉRICA. TIEMPOS DE PROFUNDAS TRANSFORMACIONES. EL RENACER DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN NUESTRA HERMANA BOLIVIA Y LOS PROFUNDOS PROCESOS DE CAMBIO EN VENEZUELA Y ECUADOR SON UN EJEMPLO DE
COMO JÓVENES, QUEREMOS HABLARLE A
MÁS ALLÁ DE LAS LIMITACIONES Y CRÍTICAS, PERO TAMBIÉN CON TODOS LOS ACIERTOS (QUE SON MUCHOS), SE DEBE RECONOCER EL CARÁCTER NACIONAL Y POPULAR DEL GOBIERNO DE CRISTINA FERNÁNDEZ Y DEL PROYECTO INICIADO EN MAYO DEL 2003. NO PODEMOS SOSLAYAR QUE EN ESTOS AÑOS SE HAN DADO LUCHAS Y REIVINDICACIONES EN EL CAMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EN
Y PODRÍAMOS SEGUIR CON JUBILACIONES, PARITARIAS LABORALES, DESHACERNOS DE LAS IMPOSICIONES DEL FMI, NUESTRA HISTÓRICA INTEGRACIÓN A LATINOAMÉRICA (RECONOCIÉNDONOS COMO HERMANOS) Y DEMÁS HECHOS RELEVANTES. PERO LO MAS IMPORTANTE, A NUESTRO ENTENDER ES QUE SE REINSTALO
PARA ENFRENTAR ESTA GRAN MENTIRA LOS JÓVENES TENEMOS QUE SABER.
DE AHÍ
A
¿DE QUE LADO TE GUSTARÍA ESTAR EN CASO DE NECESITAR ATENCIÓN MEDICA PARA VOS, TU HIJO O CUALQUIERA DE TUS AFECTOS?
PARA
POR ESO TENEMOS QUE ESTAR ALERTAS, SE VIENE
TOMEMOS BIEN EN ALTO LAS BANDERAS DE
PUEDE SER MUY GRATO Y TENTADOR MIRARSE EN EL ESPEJO DE LOS PODEROSOS, CON LAS GANAS DE SER UNO DE ELLOS ¡PERO NOSOTROS, LOS JÓVENES DE CARTA ABIERTA PREFERIMOS MIRARNOS EN EL ESPEJO DE LOS MAS NECESITADOS, PARA SABER A QUIENES PERTENECEMOS Y POR QUIENES TENEMOS QUE LUCHAR PARA CUMPLIR CON EL SUEÑO DE UNA PATRIA MAS JUSTA.
POR TODO ESTO Y MUCHAS OTRAS RAZONES NO PODEMOS PERMANECER INDIFERENTES A
SI NO SOMOS CAPACES DE ESTO, SOLO NOS QUEDA CITAR UNA FRASE DE UNO DE LOS MÁS ILUSTRES E INMORTALES DE LOS ARGENTINOS:
“SI LOS PUEBLOS NO SE ILUSTRAN, SI NO SE DIVULGAN SUS DERECHOS, SI CADA HOMBRE NO CONOCE LO QUE PUEDE, VALE, DEBE, NUEVAS ILUSIONES SUCEDERÁN A LAS ANTIGUAS Y SERÁ TAL VEZ NUESTRA SUERTE CAMBIAR DE TIRANOS SIN DESTRUIR
MARIANO MORENO
JUVENTUD CARTA ABIERTA PERGAMINO
domingo, 4 de octubre de 2009
Gustavo Bulla; miembro del COMFER, estuvo en Pergamino
El pasado miércoles 30 de setiembre, a las 18, en el local del Sindicato de Luz y Fuerza, 9 de Julio 1275, Carta Abierta Pergamino presentó a Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación del Comfer integrante del equipo que redactó el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,quien expuso sobre los alcances de dicha ley.
Bulla es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires; profesor e investigador en Políticas de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bulla es además, técnico superior en Periodismo y profesor autorizado a cargo de la materia “Medios de Comunicación I”, de la Carrera de Relaciones Públicas de la Universidad de Morón. En el terreno de la práctica profesional se ha desempeñado como periodista en el periodismo deportivo, en el político y en el cultural, colaborando con múltiples medios entre los que se destacan: Diario La Razón, Revista Solo Fútbol, Crisis, El Argentino, Informes de Situación, Señales, Diario Sur y la Revista Acción.
Acompañaron a Bulla en el panel de disertantes, las docentes pergaminenses, Aída Toscani y Ana Scarcella, quienes hicieron sus aportes desde la historia y la educación.
Participaron de la charla muchos vecinos y también los compañeros de Carta Abierta Colón. Después de las disertaciones, los concurrentes pudieron expresarse y aclarar todas sus dudas. Fue una muy buena experiencia para nosotros y nos incentiva a seguir por más!
sábado, 12 de septiembre de 2009
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por Adoldo Pérez Esquivel
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por Adoldo Pérez Esquivel
Capital Federal (Agencia Paco Urondo) ¿Qué defendemos? ¿la libertad de prensa, o la de empresa?
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo años el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural.
Buenos Aires, 3 de septiembre del 2009
SERPAJ, Secretaria Nobel
(Agencia Paco Urondo)
CARTA ABIERTA PERGAMINO / COMUNICACIÓN I
Acerca del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Quienes integramos el espacio Carta Abierta Pergamino queremos expresarnos públicamente en apoyo al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el Ejecutivo Nacional.
El proyecto de ley que se está debatiendo es imprescindible para la vida democrática de nuestra Argentina. Afirmamos que el actual marco regulatorio se halla viciado en su legitimidad de origen al ser producto de la última dictadura militar, constituyéndose su sustitución una de las tantas deudas de nuestra democracia. Una deuda no menor teniendo en cuenta el lugar fundamental que ocupan los medios de comunicación en las sociedades ya que éstos son centrales en la configuración de la agenda y la opinión pública y en las posibilidades de acceso a la información y comunicación de las diversas expresiones sociales de comunidades democráticas.
El actual Decreto-Ley de Radiodifusión encuentra sus bases ideológico-político-normativas en la doctrina de
Por el contrario, el proyecto de ley actualmente debatido posee entre sus aspectos esenciales:
- desde el punto de vista ideológico-político-normativo, busca garantizar la pluralidad y diversidad de expresiones y contenidos, así como su calidad y la responsabilidad por su emisión, basándose en los Tratados de Derechos Humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y teniendo como eje básico el derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión. En esta línea, también persigue la democratización del acceso a la prestación de servicios audiovisuales al incluir a entidades sin fines de lucro (estatales, universidades, ONG´s, fundaciones, cooperativas, etc.).
- desde el punto de vista económico, incorpora medidas para impedir la concentración y monopolización de la prestación de servicios de comunicación audiovisual estableciendo, entre otras, restricciones a la titularidad de licencias de servicios abiertos y pagos, a las cuotas del mercado, y regulaciones a los derechos de exhibición. Para su redacción se han considerado las prácticas positivas que en esta materia poseen otros países, tales como EE.UU, Canadá y otros miembros de
Contempla asimismo otras cuestiones de vital importancia como la protección de las producciones y el empleo nacional como así también las emisiones con contenidos locales y regionales; el fomento a la introducción de contenidos educativos e infantiles; la consideración a la igualdad de género; la promoción del acceso a las nuevas tecnologías y la alfabetización tecnológica, y el acceso a la programación a personas con discapacidad. Incorpora, contrariamente al anacronismo presente en el Decreto-Ley vigente, el avance en las tecnologías de la información y la comunicación, ampliando el objeto de la regulación a todos los servicios de comunicación audiovisual más allá del soporte técnico utilizado.
Otro punto a destacar es la incorporación de mecanismos de participación de la sociedad civil en el seguimiento y aplicación de la regulación (como Audiencias Públicas y el Consejo Multisectorial y Participativo). Más aún, el proceso mismo de su formulación incluyó instancias de debate y consulta públicos y abiertos a todos los sectores de la comunidad. A su vez, contiene la participación parlamentaria en la autoridad de aplicación de la norma, en la elección de autoridades vinculadas a su ejecución y en la evaluación de su funcionamiento, incorporando a las minorías legislativas.
El articulado de esta propuesta fue considerado de avanzada por el Relator de Libertad de Expresión de
El rechazo a la recuperación y el fortalecimiento del Estado, en éste y otros asuntos centrales (como la redistribución de la renta), y la afectación directa del poder y los intereses económicos que implica el actual negocio de los medios de comunicación está, a nuestro entender, arraigado en la base de la oposición insidiosa, tendenciosa y caprichosa que se expone en los medios directamente afectados por esta iniciativa. Creemos que como ciudadanos no podemos permanecer ajenos a una disputa donde ciertos actores, tras el manto de una supuesta independencia y neutralidad informativa, pretenden imponer sus intereses privados al conjunto de la sociedad sostenidos por las apetencias políticas de una oposición de dudosa calidad democrática.
Eugenia Ball Lima
Juan Dalby
Claudia Argento
Jorge Sharry
Carmen Rolandelli
Maria Luisa Mazzola
Fabián Del Core
Susana Pagani
Karina Gorordo
Marta Epelbaum
Eugenia Ball Lima
Taty Comité
Alejandro Giménez
Mª Cecilia Lovizio
Ricardo Argento
Lucas Cova
Matías Villavicencio
Virginia Jater
Luis Giamé
Lisandro Magallanes
Guillermo Colautti
Laura Debernardi
Christian Lamesa
Cristina Rosolio Espacio Carta Abierta Venado Tuerto
Abel Pistritto Espacio Carta Abierta Venado Tuerto
Adolfo Reynoso¨
Álvaro Reynoso
Ariel Reynoso
Marcelo Saltal
Néstor Pobliti
Miguel Castells
Fabricio Sceglio
Carlos Bonet
María José Sharry
Gustavo Mina
Carlos Barbarito
Patricia Raimundini
Carina Friguglietti
Nelson Agostini
Ferrea Alicia
Miguel Dorelo-
Yaryura Romina:-
Poracchia Anibal-
Araneo María
Isa Oscar
Courtial Julio
Catelani Oscar
Sunde Rafael
Rivarossa Miguel
Cairat Gabriel
Crespi Fernando
Crespi Santiago
Aguirre Maximiliano
Bruschi Ramiro
Crespi Julieta
Jater jorge
Lopez Nolberto (Agrupación Jubilados peronistas)
Terzaghi Juan
Bocanegra Juan Manuel
lunes, 7 de septiembre de 2009
INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE RADIODIFUSIÓN PARA LA DEMOCRACIA - 21 PUNTOS
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.